El Decreto 1172 que emitió el presidente Néstor Kirchner en diciembre de 2003 y que está en vigencia desde abril de 2004, regula el derecho de acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Tener derecho a acceder a información pública significa tener derecho a pedir cualquier tipo de información que se encuentre en poder del gobierno, ya que constitucionalmente nuestro gobierno esta obligado a brindarla. Sin embargo, la implementación todavía es imperfecta y no alcanza para que los funcionarios entiendan que es obligación entregar la información aunque perjudique al gobierno de turno.

Diferentes organizaciones de la sociedad civil como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) tienen como meta lograr no sólo una efectiva implementación del derecho sino concientizar a la ciudadanía de que tiene este derecho, que le pertenece y que como tal, puede hacerlo efectivo. El ejercicio de este derecho permite monitorear y controlar la gestión pública, posibilita la participación ciudadana en los asuntos públicos construyendo un debate informado y fomenta la transparencia en la gestión del Estado mejorando la calidad de las instituciones.

De esta manera, con la participación ciudadana se potenciaría un entorno más democrático, pero a la hora de tomar las riendas y hacer uso de este derecho uno se encuentra con trabas y más trabas. Nuestro deber como comunicadores es fomentar la difusión de este derecho y hacerlo ejercer. Nuestra Constitución Nacional al establecer un sistema de gobierno democrático y republicano nos otorga como ciudadanos una función central en la gestión del hacer público. No sólo la función de elegir un gobierno sino gobernar a través de nuestros representantes, es decir, colaborar y controlar a las autoridades constituidas. La información en este punto debe ser vista como una herramienta para la protección de los derechos humanos como la libertad de expresión y la libertad de investigación.

Con este fin, la ADC convocó a un concurso en abril del 2006 basado en pedidos de acceso a la información pública. Los trabajos ganadores -que se pueden ver en su pagina Web (www.adc.org.ar)- relatan diversas dificultades en el acceso y sus diferentes experiencia con respecto a la información obtenida.

En cuanto a la temática sobre la que se puede pedir información, no hay límites, siempre y cuando sea información producida por el estado en cualquiera de sus dependencias, como las prestaciones de servicios públicos. Para conocer los datos necesarios para realizar el pedido de información, la página Web de la ADC ofrece una guía práctica de los pasos a seguir. También se puede encontrar un listado de organizaciones de la Sociedad Civil abocadas a la protección del derecho de acceso a la información pública a las cuales se puede consultar sobre el tema que se desee.

La democracia en la Argentina tiene diferentes desafíos. Uno de ellos es la generación de un marco jurídico real y no tan sólo formal, que posibilite la implementación de mecanismo de participación ciudadana para disminuir las tensiones entre el estado y la sociedad. La participación activa por parte de la ciudadanía es uno de los principios a conquistar, de esta manera se podría generar un control de los actos del gobierno y de los actores económicos más poderosos, las empresas que tienen a su cargo la prestación de servicios públicos con fines de lucro.